Revista de Derecho, Vol. VIII, diciembre 1997, pp. 173-182

JURISPRUDENCIA

LAS RELACIONES LABORALES EN EL MERCOSUR

Raúl Enrique Altamira Gigena ^*

* Universidad Nacional de Córdoba - Argentina.

Los procesos de transformación, cambio e integración regional colocan a la comunidad toda, y en particular a los actores sociales laborales (trabajadores, empresarios y sus organizaciones sindicales), en una verdadera encrucijada porque tienen que definir nuevas pautas, nuevos caminos y principios en las relaciones del trabajo. El nuevo orden mundial se ha convertido en una verdadera "pesadilla".

I. REALIDAD LATINO AMERICANA

En términos generales, la situación en Latinoamérica posee las siguientes notas tipificantes:

Apertura de la economía, con desregulación; los sectores interesados -banqueros e inversores- ven en la retirada del Estado una nueva fuente de estímulo para la tasa de ahorro, y para alimentar el mercado de capitales. Privatizan las empresas públicas con el criterio de que el Estado es un mal administrador. Abren sin restricciones las fronteras para mercancías, capitales y flujos financieros, dejando al mismo tiempo sin la debida protección a los pequeños y medianos productores, más débiles económicamente.

Transformación del rol del Estado, pasando de una economía centralizada, estatizante, de un Estado benefactor, de bienestar, que Octavio Paz bautizó como el "ogro filantrópico", a una libre, "social de mercado", donde el Estado debe garantizar "sólo" la libertad, para que en un régimen de igualdad de oportunidades las personas puedan desarrollar sus capacidades y creatividades. Se propicia que el Estado intervenga de una manera indirecta, por la vía de una política industrial, que ofrezca incentivos para que los empresarios inviertan más.

Se restringe la intervención del Estado, despojándolo de su responsabilidad de asegurar los bienes mínimos que todo ciudadano se merece en cuanto persona.

Se suspenden o suprimen los programas de creación de oportunidades "para todos", sustituyéndolos por apoyos eventuales a grupos determinados.

Implementación de políticas macroeconómicas que procuran la estabilidad y reactivación de la economía. Estas medidas consideran el crecimiento económico como "la razón de ser" de la economía.

Existencia de sentimientos contrapuestos: por una parte, se acepta y otorgan aval político a la economía de mercado. Simultáneamente, un descontento importante por considerar que las transformaciones no han privilegiado al hombre, sino a los resultados económicos, por ello se las tilda o rotula como deshumanizadas.

La llamada globalización de la economía, traducida en la intensificación de las relaciones económicas internacionales (como proceso histórico, que se presenta hacia el futuro con rasgos permanentes e inevitables, como fue a principios de siglo la revolución industrial), genera un nuevo y brutal sistema competitivo en el orden económico mundial, que surgió con la desaparición de la guerra fría. La fuerza fundamental es la integración en la economía global de las nuevas naciones capitalistas y gran parte del mundo en vías de desarrollo, que representan unos tres mil millones de personas. (Dan Gallin en "Marcando las líneas de batalla", en Revista del Ministerio de Trabajo de la Nación , Argentina, N° 2, p. 13).

No obstante ello, esta nueva etapa del desarrollo de la economía mundial ofrece posibilidades de crecimiento muy importantes, en la medida que no se pierda de vista al hombre como objetivo y razón de los cambios.

Los países que han tenido progreso económico significativo durante bastante tiempo, han mejorado de manera sustancial la equidad en la distribución del ingreso y acceso al bienestar.

Simultáneamente se ha producido un choque entre la organización de los Estados nacionales y la escala necesaria para, con las nuevas tecnologías, hacer eficiente la producción.

En la gran mayoría de los casos, los Estados nacionales han quedado chicos para incorporarse plenamente a la nueva tecnología, a los mayores niveles de productividad.

Al mismo tiempo, se ha intensificado el desequilibrio entre los países que tienen un exceso de inversión sobre el ahorro, y por lo tanto, es muy notoria la intensificación de los movimientos internacionales de capitales que adquieren volúmenes sin precedentes.

Igualmente es signo importante de esta época la expansión del comercio internacional. De 1978 a 1985 la tasa de crecimiento se incrementó el 3,7%. Del 86 al 93, al 5,8% por año. De 1994 hasta fin de siglo, se estima que crecerá alrededor del 7% anual, es decir, casi el doble de unos 20 años atrás.

Se puede observar que las exportaciones de los países desarrollados crecen a una tasa pareja; en cambio, las de los países en desarrollo lo hacen de una manera exponencial: 3% entre 1978 y 1985. 10% entre 1990 y 1995, vale decir, al doble de velocidad que las exportaciones de los países desarrollados.

Uno de los síndromes más característicos del subdesarrollo es la composición de las exportaciones. Veamos:

Los países asiáticos que en la década del 70 tenían un 40% de sus exportaciones de productos industriales, ahora alcanzan el 75%.

En América Latina es bastante diferente. Hace 25 años el 90% de exportaciones de productos primarios, el 10% restante de productos industriales. Hemos progresado, pero estamos lejos de ser como los asiáticos. Actualmente tenemos dos tercios de exportaciones primarias, y un tercio de industriales.

Otra pauta a tener en cuenta en las nuevas regulaciones laborales es que en los países desarrollados desde hace 20 años están creciendo más o menos a la misma tasa promedio: 2,5% al año.

En los países en desarrollo han aumentado del 4% al 5%, y ahora se ubican por encima del 6% en promedio.

Esta posibilidad de financiamiento, de comercio internacional y de crecimiento, son algunas de las oportunidades que ofrece la economía global.

Otro aspecto a tener en cuenta es que desde la década del 30 hasta hace pocos años, el desarrollo de la economía se acompañó con un incesante crecimiento del Estado, que entre otras funciones se encargó de nivelar la distribución del ingreso, generando un formidable incremento de la deuda pública.

Hoy los países latinoamericanos no tienen esa posibilidad. Las generaciones futuras tendrán que empezar a pagar el bienestar que disfrutaron las generaciones de las décadas del 40, 50, 60 o 70. Porque el modo en que Occidente desarrollado resolvió el problema distributivo y la cuestión de la solidaridad, no es viable del mismo modo hoy.

Si nos trasladamos al concluir la II Guerra Mundial, y tuviéramos que predecir qué países podría crecer de manera significativa, hubiéramos elegido a muchos de los latinoamericanos en lugar de los asiáticos; sin embargo ello no ocurrió. En términos generales hemos perdido posiciones internacionales respecto de lo que era hace cincuenta años.

Algunas de las causas son de naturaleza cultural, porque ciertos rasgos culturales latinoamericanos están reñidos, o no serían afines al crecimiento, a la eficiencia o a los valores que la economía requiere.

Otros atribuyen la demora o lentitud en el crecimiento, en la dependencia de los Estados Latinoamericanos, principalmente en las décadas del 60 y del 70.

Gravitó negativamente la falta de buenas instituciones estatales que tuvo América Latina, especialmente por la inestabilidad política, que provocó permanente interrupciones de los gobiernos elegidos por el pueblo, generalmente por golpes militares.

Igualmente provoca el retraso en el crecimiento y desarrollo la inflación crónica. Latinoamérica es el único que tuvo hiperinflaciones sin guerras, fenómeno hasta entonces desconocido en todo el mundo. Este aspecto es muy importante para entender lo que pasó en la región. Veamos:

En los últimos veinte años, en los países desarrollados la inflación fue del 5% anual. En Asia fue del 8,5%. En África, del 19,50%. En Medio Oriente, donde la mayoría de la población ha estado en guerra permanente, fue del 23% anual. En América Latina del 141% anual. Por ello podemos afirmar que Latinoamérica ha sido (en el pasado) el continente de la inflación.

Lo institucional, lo político y lo económico, donde la inflación no provoca solamente que aumenten los precios, sino que es el síntoma de una cantidad de desórdenes que existen por lo bajo, es una variable de explicación muy importante para entender lo que podría haber acontecido en la postguerra, recién se produce en aquellos países que hicieron reformas económicas en los últimos quince o diez años.

América Latina también ha sido el continente de la desigualdad, existe de manera notoria una deuda social a la que debe afrontársela, no se la puede ignorar, hay que darle una solución, y pronto; es el gran problema y desafío primordial.

Es muy ilustrativo y contribuye a la reflexión comparar la distribución de los ingresos de Latinoamérica con la de otros países. Veamos:

El 20% más pobre de la población, que en los países escandinavos tienen casi el 9% de los ingresos totales; en Europa Occidental el 7%; en EE.UU. y Oceanía el 5%, en cambio en América Latina tiene sólo el 4% de los ingresos totales.

Si tomamos el 10% de mayores ingresos en América Latina, corresponde al 40% del ingreso total; proporción que baja al 20% o 25% en los otros países o regiones a que hicimos referencia precedentemente, incluyendo Asia. De ello surge que tienen niveles de distribución del ingreso mucho más igualitarios que los latinoamericanos.

Ello también nos da una relación entre el ingreso medio del 10% más alto y el 20% más bajo, que es de dos, tres o cinco veces en los distintos continentes mencionados y de casi diez veces en América Latina.

En Paraguay, por ejemplo, de cien niños que entran en la escuela primaria, veinticinco terminan la secundaria, cinco ingresan a la universidad, y uno o dos la concluyen. De 1.800.000 a 2.000.000 de niños y jóvenes que están en edad de estudiar -entre los 6 y los 24 años deberían estar en alguna escuela o universidad- sólo la mitad está matriculado. Casi el 40% de las casas tienen piso de tierra, y el 70% de la población no tiene conexión de agua potable. De un millón y medio de habitantes, que corresponde a la población económicamente activa, casi un millón tiene un cierto grado de analfabetismo, por lo menos funcional. El 70% de la propiedad de la tierra está en manos del 1% de la población. (Lie. Pedro Fadul, "Economía libre y solidaridad: una cuenta pendiente", en Revista "Empresa", órgano de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE, Bs. As., Argentina), N° 117, abril-mayo 1996, p. 74).

Unos de los hechos que provocó semejante regresión en la distribución en el ingreso es, sin lugar a dudas, la inflación, que la mayoría no ha podido superarla. La Argentina lo ha logrado, pero con una alta recesión y desempleo creciente.

Otra característica que no puede ignorarse ni soslayarse para analizar el problema de las desigualdades en América Latina es la aplicación de políticas populistas, que cíclicamente se utilizaban y que contribuían al crecimiento del gasto público, procurando resolver al corto plazo una demanda social, incluso una crisis de tipo social, financiándola de cualquier manera, menos como debería hacerse, como por ejemplo con la contribución de los que más tienen.

En muchos países de América Latina, al menos en la Argentina , se carece de una cultura fiscal, en parte porque no se cree ni en los políticos ni en los gobernantes; con frecuencia se escucha ¡Para qué voy a pagar los impuestos, si no se invierte en obras públicas, y el dinero lo "roban" los funcionarios!

Otra particularidad es la corrupción generalizada, no sólo de parte de quienes conducen la cosa pública (gobernantes, sindicalistas, empresarios, dirigentes de barrios, etc.), como también un sector importante de la comunidad, "...La gigantesca burocracia -al decir de Vargas Llosa- necesaria para mantener el funcionamiento del sistema no sólo demanda recursos ingentes, es también una fuente de corrupción que puede llegar a extremos tan descarados como el reciente, en Italia, al descubrirse que el 40% de las decenas de miles de personas que cobran pensiones de invalidez gozaban de perfecta salud..." ("El asalto del cielo", diario " La Nación ", Bs. As., Argentina, 9.12.95, p. 9).

Los sistemas de asistencia y de seguridad social están en camino ascendente hacia la crisis. En la mayoría de los países el principal problema es su estructura de financiamiento, a raíz del progresivo achatamiento de la proporción entre los trabajadores activos aportantes y los beneficiarios.

Otro factor que contribuye al desequilibrio del sistema de seguridad social es el aumento de las expectativas de vida: en 1935 era de 61 años; hoy es de 76 años, y hacia el 2030 podría ser de 80 años (datos de The Congressional Institute, organización no gubernamental con sede en Washington).

La crisis proviene también porque los gobiernos han recurrido, sistemáticamente, al patrimonio de la seguridad social para financiar sus gastos crecientes.

No podemos soslayar el flagelo mundial del desempleo. Según la O.I .T. "...aproximadamente el 30% de la fuerza total está desempleada o subempleada, tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo. La situación es 'sombría' y existe el riesgo de que el gran aumento de los denominados 'trabajadores pobres' vaya a agravar los problemas sociales y económicos provocados por las altas tasas de desempleo... sólo un compromiso internacional renovado de obrar por el pleno empleo permitirá terminar con la pobreza, el desempleo y el subempleo tan extendidos en todo el planeta" (información de prensa de la O.I .T. del 26.11.96 y en "El empleo en el mundo" 1996/97").

II. ACTORES SOCIALES

Ante el panorama descrito cual es el rol de los actores sociales del trabajo (empleadores, trabajadores y sus organizaciones sindicales).

En un sistema de democracia capitalista es necesario conciliar los dos parámetros que actúan. El capitalismo, por una parte, que obedece a la ley de mercado libre, sometido a los rigores de la competencia donde algunos ganan y otros pierden. La competencia genera necesariamente desigualdad, simultáneamente, sin competencia no hay crecimiento, excelencia, ni productividad. De la competencia en un mercado libre proviene el desarrollo económico.

Librada únicamente a la ley de mercado, una nación sería económicamente desarrollada y socialmente desigual, donde cada persona tiene "tantos votos" como su capacidad de competir, y por lo tanto un empresario económicamente poderoso tiene "más votos" que un desocupado.

En un sistema democrático, en cambio, cada persona tiene un voto con prescindencia del poderío económico; y por lo tanto en el régimen capitalista, ante las exigencias competitivas del mercado, "los perdedores" son más que los "ganadores"; la democracia, en lugar de inclinarse por los pocos que tienen más, respalda a los muchos que tienen menos, obteniendo de esa forma un equilibrio.

De un lado, el mercado empuja hacia el crecimiento económico mediante la competencia; del otro, la democracia procura, si no igualar -que pasa a ser un objetivo utópico- limar al menos sus altibajos más irritantes para lograr la paz social.

En la práctica, la democracia capitalista vive, sin embargo, al borde de peligrosos desequilibrios. La democracia prevaleció sobre el capitalismo, a un grado tal que hacia los años setenta "amenazaba estrangularlo". Un Estado sin mercado dio lugar al estancamiento económico y la inflación. En todas partes del mundo el Estado de bienestar está en crisis, aplicándose políticas de ajuste porque es imposible seguir financiándolo; a partir de allí vuelven el crecimiento económico y la estabilidad monetaria, pero también retorna el desempleo, para algunos, porque la democracia había desbordado al capitalismo. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿corremos ahora el peligro contrario?

Los programas de integración regional (MERCOSUR-Nafta-Unión Europea) son caminos sin retorno. Ahora bien, constituyen bases irrenunciables en estos procesos el reconocimiento de los Estados miembros a las siguientes pautas: a) democracia política; b) un Estado de derecho; y c) respeto irrestricto a los derechos civiles y políticos. Todo ello para resaltar "la dimensión social de la integración".

Ante los profundos cambios y transformaciones surge la inevitable pregunta: ¿qué papel les toca desempeñar a los actores sociales, y en particular al sindicalismo?

No caben dudas que tanto el sindicalismo como la negociación colectiva tienen un papel protagonice en el momento actual, pero deberán reformarse, modernizarse y adecuarse a los nuevos tiempos, recuperando la vocación negociadora.

En la Argentina se constató un agotamiento terminal, como lo demuestra el hecho que en la ronda negocial iniciada en 1988 alcanzó a involucrar sólo al 33% de los trabajadores comprendidos; y de esa manera la mayoría están regulados -en cuanto a las condiciones generales de la relación de empleo- por las convenciones colectivas sancionadas en 1975.

Consideramos que el funcionamiento adecuado de relaciones laborales, incluyendo al comportamiento de los actores y su marco jurídico, deben asumir la promoción de la productividad creciente y la distribución equitativa en constante interacción, como objetivos propios del contenido finalista del sistema democrático.

De lo expuesto surge nuestra decidida inclinación hacia la negociación colectiva como medio o aporte para la solución de alguno de los graves problemas en las relaciones laborales.

Para ello es necesaria la implementación de un sistema negocial articulado y genuinamente descentralizado, que necesariamente ha de transitar por el dictado -en la República Argentina- de una norma legal modificatoria del actual régimen de la Ley 14.250.

Una de las ideas fuerza de la negociación descentralizada y por articulación de niveles, radica precisamente en la posibilidad de enfrentar el problema negocial, donde se presente, permitiendo en la proximidad de abordaje, la provisión de una solución conforme a las características inmediatas del mismo. Ello implica la necesidad que quienes sean interlocutores de la concertación se encuentren lo más cercanos y compenetrados de sus circunstancias, lo que inexorablemente conduce al tema de la representatividad de los negociadores y a la factibilidad de discusión en niveles inferiores.

Lo expresado importa señalar que, como principio, debe imperar la libertad negocial en función de la productividad, debiendo resaltarse que los actores sociales interesados no son solamente los representantes del sector empresario y del sector sindical, sino también la autoridad pública, en cuanto representante de la comunidad. En suma, no se trata de una concertación entre dos, sino de tres, ya que la negociación sectorial debe necesariamente inscribirse en el marco de la sociedad global compatibi lizándose así los intereses de las corporaciones con el interés general.

Los procesos de integración constituyen en la actualidad causa de cambios profundos en las organizaciones sindicales y en las negociaciones colectivas.

La negociación colectiva es afectada e influida por la integración; pero al mismo tiempo a la inversa, porque ejerce algún grado de influencia sobre la integración.

Coincidimos con Osear Hermida Uriarte ("MERCOSUR y derecho laboral"), que cinco son los efectos de la integración sobre la negociación colectiva; a saber:

1. La posibilidad de una armonización o aproximación de los sistemas nacionales de negociación colectiva, es decir, la conveniencia o necesidad de unificar, armonizar o aproximar las legislaciones de los países que intervienen en la integración nacional.

2. La existencia de una eventual regulación comunitaria unificada, única para la negociación colectiva en los países que componen la integración regional.

3. Crear una cierta descentralización de las negociaciones colectivas nacionales, porque, tal como están planteados los procesos integracionistas, con un enfoque productivista, economicista, neoliberal, promotor de la competitividad de las empresas, puede llevar a una descentralización de la negociación colectiva en búsqueda de una mayor productividad.

4. La posibilidad de la centralización de las negociaciones colectivas nacionales, por diversos factores: a) Por la habitual inercia que existe en estos casos, una postura hedonista, es más fácil aplicar lo que existe, que ponerse a trabajar para elaborar una nueva, b) Porque al estar planteada la integración sobre esquemas neoliberales, en búsqueda de mayor productividad, cada empresa procurará convenios colectivos "a su medida".

5. El quinto y último efecto podría ser la internacionalización de la negociación colectiva, es decir, la eventual supranacionalización, convenciones colectivas que contengan, en un mismo convenio, como ámbito de aplicación a todos los países que componen la integración regional, pero para ello, conforme las legislaciones nacionales vigentes, se necesitará una reglamentación supranacional que lo prevea.

Otro aspecto a tener en cuenta es el atinente al control y procedimiento en la aplicación de los principios y normas de una "Carta social del MERCOSUR".

Coincidimos con la tratadista de Derecho Internacional Privado, Dra. Kaller de Orchanski, que el quid del problema está en "la jurisdicción", ya que sin someter al Estado a la jurisdicción de un tribunal, no se establecen derechos de los individuos en relación del Estado.

En función de la existencia de Tratados sobre Derechos Humanos y Sociales, ratificados por la mayoría de los países, un primer aspecto se vincula con la necesidad de reconocer la "interdependencia" y la "complementariedad" de tales convenios con los principios y normas que consagren la Carta Social.

Para ello, toda operación hermenéutica debe abarcarlos como partes de un todo coherente y dinámico, cuyo pivote es la norma pacta sunt servanda (todo Tratado vigente obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe, según lo prevé el Art. 26, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969).

Ahora bien, se justifica una Carta Social regional en la medida que se agregue un elemento nuevo al sistema universal de los derechos del hombre, ya sea dando un nuevo contenido en el plano de los derechos, como por ejemplo los derechos de información y consulta; condicionamientos para la introducción de cambios tecnológicos; la protección de la intimidad del trabajador, etc.

Sería conveniente, útil y necesario la creación de una Comisión de los Derechos Sociales del MERCOSUR, Órgano Comunitario, de constitución tripartita (representantes del Estado, los trabajadores y empleadores); la misión sería la sanción e interpretación de normas, recomendaciones y directivas, como también el contralor de su cumplimiento.

Simultáneamente habría otra Comisión de Expertos, para analizar regularmente las memorias sobre el estado de cumplimiento de la Carta Social , y dictaminar en las quejas que presenten las Organizaciones de Trabajadores y Empleadores. Todo con la cooperación de la O.I .T.

Para ello, la Carta Social deberá tener efectos vinculantes, y la mayoría de sus disposiciones deberían ser "autoejecutables", y susceptibles de ser invocadas ante los Tribunales Nacionales y eventuales instancias supranacionales.

Siguiendo a Kaller de Orchansky se consagra una "presunción", según la cual todas las cláusulas son autoejecutorias, salvo que se demuestre, por quien sostiene lo contrario, que media una absoluta imposibilidad de aplicabilidad. En consecuencia, se establece la operatividad plena de todas las cláusulas, y el que sostenga lo contrario, que lo demuestre.

III. CAMBIOS Y PERSPECTIVAS

Es necesaria la adopción de nuevas actitudes y comportamientos individuales frente al trabajo.

Necesidad de capacitarse con urgencia para el manejo de las nuevas tecnologías.

Los países industrializados deben retomar el sentido de la solidaridad social, comprendiendo que no puede existir un desarrollo duradero que descanse en la exclusión de un 15 a un 20% de la población.

Prepararse y capacitarse para una aplicación de nuevas formas de empleo y de relaciones laborales, que se proyectan incluso hacia un nuevo concepto de subordinación o dependencia.

Estimular y jerarquizar la autonomía colectiva; los actores sociales deben cumplir funciones que antes ejercía el Estado.

Estimular y promover la capacitación para la negociación colectiva. No hay que temer la negociación, por el contrario, es el gran desafío del presente y del futuro. Nadie mejor que los propios interesados para lograr la justa composición de intereses.

Necesidad de cambio en los valores éticos, en las actitudes y en los comportamientos, tanto en lo individual como en lo institucional.

Fortalecer la idea que los sindicatos continuarán siendo uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de la comunidad, y en toda sociedad democrática.

Los sindicatos deben recuperar su papel de sostén de los más débiles y de freno a las desigualdades sociales.

Unos de los objetivos básicos del sindicalismo es promover la creación de nuevos empleos y la eliminación del desempleo. "Además de despiadado -afirma el Director General de la O.I .T, Michel Hansenne- es pernicioso dar por sentado que nada se puede hacer para reducir el desempleo".

No hay pruebas empíricas que corroboren la idea de que la mundialización, los cambios tecnológicos o las reducciones de personal en las empresas, anuncian el advenimiento de un período de "crecimiento sin creación de empleo", o el "fin del trabajo", con las características que se le conocen hasta ahora.

Lo mejor que se puede desear en un contexto económico de creciente competencia, o que las actuales tasas de desocupación son de alguna manera la consecuencia natural e inevitable de las fuerzas del mercado... los actuales niveles de desempleo carecen de sentido económico y no son ni política ni socialmente viables.

Recuperar la representatividad y confianza de los trabajadores, instrumentando nuevos métodos de atracción y afiliación, evitando la polarización y dispersión; para ello habrá que modernizar y actualizar las estructuras sindicales vigentes.

Adecuar a los nuevos tiempos las actividades sindicales por medio de la imaginación, audacia, creatividad y perseverancia, procurando gravitar en la toma de decisiones en materia económica, laboral, educacional y en salud. Es necesario e imprescindible que las reglamentaciones económicas contengan "cláusulas sociales" implícitas, sobre jornada, salario, trabajo de mujeres, tiempo libre, capacitación, etc.

Revitalizar el valor del trabajo humano, su dignidad, significación social, oponiéndose a toda discriminación o exclusión injustificada.

Mantener a la solidaridad y sentido de participación como principios fundamentales e insustituibles para el logro de una justicia social.

"El empresario -por su parte- como dirigente social debe actuar desde las convicciones de su vocación con responsabilidad hacia la empresa y hacia la sociedad... el comportamiento empresario hace a su persona y a su papel en la sociedad. Será cada vez más juzgado por lo que es y lo que hace desde su vida privada para la vida pública, y por lo que entretanto hace dentro de su empresa... La responsabilidad social del empresario, como la de otros actores y protagonistas de la vida pública, es una responsabilidad compleja. Pero, al cabo, es la respuesta que el hombre concreto va demandando a todos los sistemas y a todos los protagonistas..." (Carlos Floria, Embajador argentino ante la UNESCO , en "Actuar con responsabilidad", publicado en diario " La Nación ", Buenos Aires, Argentina, 15.6.97.

Brindar propuestas concretas para la reducción de los costos laborales, sin desmedro de un salario justo y digno.

Aporte decidido y coordinado de las universidades, incluyendo en los currículos los temas de integración y brindando a los docentes como instrumentos de capacitación. Habrá que realizar un esfuerzo intelectual de envergadura en ciencias sociales y filosofía, para conocer el neoliberalismo, explicar su racionalidad profunda y analizar sus efectos sobre el ser humano y la naturaleza.

Se debe incorporar en el trabajo educativo el orden de valores que es necesario para formar personas capaces de preservar el sentido del ser humano en el mundo que compartimos, brindando a nuestros alumnos la preparación necesaria para poder entender y transformar esta realidad.

En síntesis, en estas horas difíciles para los trabajadores, urge estrechar filas en derredor de propuestas que no constituyan un catálogo de ilusiones, sino que representen herramientas realistas al servicio de los bienes e intereses tutelables, en definitiva, una legislación al servicio del hombre y de la productividad, que pueda armonizar los postulados de la actitud productiva del sector empresario, con la equidad distributiva de los trabajadores, que sea competitiva pero con un verdadero contenido humanista.

Compartimos la reflexión del Sr. Presidente de Francia, Jacques Chirac, pronunciada ante los delegados asistentes a la 83 a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo -O.I.T -, celebrada en Ginebra el 11 de junio de 1996, cuando afirmó "Para lograr que la mundialización aporte beneficios para todos, es preciso poner la economía al servicio del ser humano y no al ser humano al servicio de la economía..., en un mundo en evolución, en rápida transformación, a la O.I .T. y a los juslaboralistas, les corresponde desempeñar, hoy más que nunca, una función esencial".

La mundialización no se hace sin desacuerdos ni dificultades, exige que se efectúen reestructuraciones rápidas, y por lo tanto dolorosas, cuyas consecuencias agravan la situación del empleo. En los países más pobres puede agudizar las desigualdades, aumentando así el riesgo de marginación de ciertas regiones del mundo. Necesitamos controlar mejor el proceso de mundialización.

Tenemos que reunir las condiciones propicias para un crecimiento sostenido y generador de empleos, aprovechar al máximo las posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías, en especial en el ámbito de la información.

Igualmente, debemos fomentar las actividades de servicio y definir nuevas modalidades de organización del trabajo, que satisfagan tanto las necesidades de las empresas como las aspiraciones de los trabajadores.

Hay que invertir en las personas, para que cada trabajador pueda acceder a la formación profesional a lo largo de su vida. La noción de "empleo para toda la vida " ha de ser sustituida por la de "empleabilidad", noción no acuñada todavía, que anuncia una nueva organización de la sociedad, que los gobiernos, los empleadores y los sindicatos deben idear con miras a que todos los trabajadores, durante la vida activa, puedan pasar de un empleo a otro, recibiendo una formación apropiada y conservando su protección social.

También tenemos que prevenir y combatir la exclusión de los trabajadores menos calificados: disminuyendo, en los casos en que son excesivas, las cargas que gravan el trabajo no calificado; aplicando políticas activas de reincorporación en la vida activa de las personas más vulnerables, y adaptando nuestros regímenes tributarios y sociales para que el retorno al empleo se traduzca en un aumento efectivo de sus ingresos.

La liberalización del comercio, el incremento del empleo y el respeto de un cierto número de normas universales que garantizan la dignidad humana son factores que no es posible disociar.

Si queremos superar la contradicción que hoy existe entre lo económico y lo social, si realmente anhelamos volver a centrar en el ser humano el desarrollo de nuestras sociedades, tenemos que dirigir todas las políticas en el respeto de normas universales que garanticen la economía al servicio del hombre y no a la inversa.

Para concluir, transcribiré un pensamiento reciente de un maestro y jurista argentino, Pedro José Frías, que expresó "La política puede y debe crear y fortalecer la red de solidaridad... actualmente política y economía no se entienden... porque la sociedad de consumo que hemos conformado exige tanto de la economía, que esta no ha tenido más remedio que sacarse de encima la tutela de la política y hasta de la moral... el Estado no se puede borrar, tampoco lo pueden hacer la sociedad y las empresas... la red de solidaridad espera... No espero que piensen lo que yo pienso, pero deseo que sientan como yo siento".