1. En cuanto a la jurisdicción penal:

- Reside en los tribunales que podrán ser populares (Asambleas del pueblo) o Jurados (un grupo de los integrantes del pueblo).

2. Persecución penal:

- Se encuentra en manos del acusador, quien es una persona física y no un órgano del Estado. Se ha caracterizado por ser privada, ya que en un principio solo podía acusar el ofendido; pues se reconoce un interés particular; sin embargo, luego se admitió la acusación por parte de cualquier ciudadano, cuando se ve afectado el interés de la colectividad por haber una ofensa social. En ambos casos se requiere capacidad física y moral.

- En los delitos de acción pública, el Ministerio Público es el encargado de dirigiren forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determine la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, de proceder, debe ejercer la acción penal pública.

- La labor de investigación la realiza el Ministerio Público a través de la policía, que para estos efectos está subordinada funcionalmente al Ministerio Público. La policía llamada a investigar será la Policía de Investigaciones de Chile, salvo que en el lugar no exista Policía de Investigaciones, o existiendo, el fiscal resuelva que investigue Carabineros de Chile (artículo 99 del Proyecto de Código Procesal Penal). El Proyecto de Código Procesal Penal en el artículo 63 señala los delitos de acción pública previa instancia particular, en cuyo caso se requiere la denuncia de la víctima de los delitos en el artículo señalado para que intervenga el Ministerio Público y se proceda de acuerdo a las normas señaladas para los delitos de acción pública.

- En los casos de delitos de acción privada, el derecho de ejercer la acción penal solo corresponde a la víctima o su representante legal (artículo 64 del Proyecto de Código Procesal Penal).

3. Acusado

- Se encuentra en una posición de igualdad respecto del acusador. Su situación no varía durante el transcurso del proceso, y por ello la prisión preventiva será excepcional.

4. Procedimiento

- Se inicia solo ante una acusación. Es por ello que si el acusador se desiste, el juez no puede dictar sentencia

5. Valoración de la prueba

- Los llamados a juzgar toman su decisión sin sujetarse a reglas que establecen el valor probatorio de los medios de prueba, el sistema es de íntima convicción, y no se requiere fundamentación del fallo ni del voto. Las razones para no exigir la fundamentación son principalmente dos: el juez, al ser un representante del pueblo o el pueblo mismo, es soberano y no rinde cuentas; además dado que este sistema nace en la antigüedad, el nivel intelectual de los ciudadanos no les permitía hacerlo.

a. El órgano encargado de la persecución penal en delitos de acción penal pública es el Ministerio Público, figura que surge con el inquisidor, propio del sistema inquisitivo. Este órgano en nuestro proyecto no solo es el encargado de acusar, sino que además dirige en forma exclusiva la investigación. Esta figura, inmersa en un sistema como el descrito anteriormente, nos lleva a un sistema acusatorio formal o mixto como el establecido en Alemania, sistema en el que también actúa el Ministerio Público, que dirige exclusivamente la investigación, y que recurre al Juez de Control de la Instrucción cuando desee tomar medidas que afectan derechos individuales. Vemos así que tanto la figura del Ministerio Público como la del Juez de Garantía (cuyo nombre primitivo era "Juez de Control de la Instrucción" y que fue cambiado en el Senado) fue extraída del sistema alemán.

El Ministerio Público en el proyecto actúa en todas las etapas del proceso penal, él es llamado a iniciar la investigación y dirige en forma exclusiva la investigación. Las denuncias podrán ser formuladas por cualquier persona directamente ante el Ministerio Público o ante funcionario de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Gendarmería de Chile (delitos cometidos en el interior de un recinto penitenciario) o ante cualquier tribunal competente en materia criminal. Pero siempre, cualquiera sea la institución que recibe la denuncia, debe ponerla en conocimiento inmediato del Ministerio Público (artículo 246 Proyecto de Código Procesal Penal).

En la etapa de instrucción desformalizada solo tendrán conocimiento de la investigación el fiscal y el funcionario de policía encargado de la investigación en concreto; al formalizarse la investigación, conoce de ciertos aspectos de ella el Juez de Garantía, luego en la etapa intermedia, ante el Juez de Garantía debe presentar el fiscal la acusación, y finalmente en el juicio penal oral será el fiscal quien debe estar siempre presente para probar su acusación.

Es interesante analizar ciertos aspectos de lo anteriormente señalado. El Ministerio Público es quien dirige la investigación y acusa; dentro de sus funciones están la de investigar los hechos constitutivos de delito y la participación en ellos, esto es lógico, pues él acusa; sin embargo, en el Proyecto de Código (y en la Constitución) se le obliga además a investigar los hechos y circunstancias que eximan, extingan o atenúen la responsabilidad del imputado; todo ello se plantea en virtud de la objetividad con que debe realizar su función este órgano. En esta obligación vemos varios problemas: es básico para todo sistema acusatorio la división de funciones, y aquí tenemos que quien acusa debe en cierta forma realizar el trabajo que le corresponde al defensor, además el imputado está amparado con el principio de inocencia. Por lo tanto, resulta que no hay igualdad de fuerzas, la defensa cuenta con el principio de inocencia (el que será derivado solo ante pruebas lo suficientemente contundentes como para acreditar la participación real) y además con el propio fiscal, que debe dedicar parte de sus recursos a investigar y luego señalar las eximentes o causales de atenuación de la responsabilidad, el fiscal investiga, por tanto, todo, el hecho, la responsabilidad, y dentro de ella la culpabilidad y las circunstancias que pudieren modificarlas ¿es ello concordante con el sistema en general?

Otro aspecto de la investigación que llama la atención, es que en nuestro Proyecto se busca no tenga participación activa un tribunal en la investigación. Es así como recurre el fiscal ante el Juez de Garantía, en determinadas circunstancias, para solicitar autorización para la práctica de ciertas diligencias, pero este no tiene o no debería tener facultades de investigación; sin embargo, en el artículo 327 del Proyecto se establece la posibilidad, ante requerimiento del imputado o el querellante, de ordenar autónomamente, sin solicitud del fiscal que ha cerrado la investigación, la práctica de diligencias a la policía. ¿Cuál es el principio que inspira esta facultad?

El Ministerio Público es además quien acusa; de no haber acusación por su parte, se pondrá término al proceso en la etapa intermedia, esta es una característica propia del sistema acusatorio, no hay decisión judicial de un caso si previamente no hay acusación, por ello, el Ministerio Público debe tener dominio absoluto sobre ella, sin embargo ello en el proyecto no se establece así, toda vez que se faculta al querellante para forzar la acusación del fiscal, debiendo recurrir al Juez de Garantía, quien con la solicitud y analizando los antecedentes de la instrucción determinará si existe fundamento para el enjuiciamiento y ordenará al fiscal acusar (artículo 328 Proyecto de Código Procesal Penal). Si aceptamos que sea el Ministerio Público quien tenga la facultad de acusar, si le entregamos esta función, él debería poder ejercerla en forma independiente y autónoma de cualquier otro órgano, sin embargo se establece la facultad del Juez de Garantía para forzar la acusación. ¿Hay una trasgresión a la independencia de funciones?

b. El sobreseimiento temporal es una institución que deja en suspenso la investigación y el desarrollo de un proceso. En el Proyecto de Código Procesal Penal se establece como una causal para ello la carencia de antecedentes para acusar, no pudiendo continuarse la investigación en forma inmediata, pero existiendo motivos para esperar que surjan antecedentes con posterioridad (artículo 322 a- Proyecto de Código Procesal Penal). ¿No sería coherente con el sistema que se busca implantar, sistema en que rige el principio de inocencia y que se fundamenta en los intereses y la libertad del individuo, el que ante la causal de sobreseimiento señalado se dictara el sobreseimiento definitivo?El sobreseimiento temporal es propio del sistema inquisitivo en que se busca la verdad material por sobre cualquier otra consideración, por ello no importa cuánto tiempo transcurra desde que se inicia la investigación hasta que descubramos dicha verdad, pudiendo un sujeto imputado quedar en suspenso por siempre hasta que ella sea determinada. Quizás para limitar un poco este aspecto inquisitivo es que se estableció que, transcurrido dos años desde que se dictó el sobreseimiento por esta causal, producirá los efectos del sobreseimiento definitivo (artículo 323 del Proyecto de Código Procesal Penal). Sin embargo, esta limitante en el Senado ha sufrido modificaciones, es así como este plazo no rige en el caso de tratarse de delitos contra las personas, secuestro y violación (artículo 323 inciso 2 del Proyecto de Código Procesal Penal).

c. Los jueces del Tribunal Penal Oral, de acuerdo con el Proyecto de Código Procesal Penal, se encuentran facultados para, una vez terminado el interrogatorio de testigos o peritos, dirigirles preguntas con el "fin de aclarar sus dichos" (artículo 364 inciso 5, última parte del Proyecto de Código Procesal Penal), además se los faculta para ordenar la declaración complementaria de testigos o peritos, que hubieren declarado, y disponer confrontaciones entre testigos o un testigo y el acusado o entre acusados (artículo 365 del Proyecto de Código Procesal Penal). ¿Con estas facultades el juez deja de ser un mero arbitro espectador del desarrollo del juicio?Con el ejercicio de esta facultad el juez puede producir prueba. Por otra parte, uno de los principios que fundamentan la reforma es de la contradictoriedad, principio que en términos generales busca establecer que las partes actúen y tengan igualdad de derechos y oportunidades para debatir sobre la prueba que se presente y en general las alegaciones que se realicen, sin embargo, en este caso, ellos no podrán objetar las preguntas del tribunal y no podrán realizar el contra interrogatorio a su respecto. Esta facultad se aviene con un sistema acusatorio formal o mixto. Pero en definitiva que entorpezca el desarrollo de un juicio, que cumpla con los principios y características del sistema queda entregado a los propios jueces. La jurisprudencia podrá señalar hasta qué punto las preguntas que se realizan efectivamente solo han de apuntar a aclarar aspectos del relato, y no impliquen de alguna forma un prejuzgamiento o aporten información que no fue presentada por las partes.

d. En el sistema acusatorio la prueba debe rendirse ante el tribunal llamado a fallar, solo aquello que se presente ante el tribunal será considerado tal; sin embargo, existe la prueba anticipada y normas especiales respecto de la inspección personal del tribunal.

Respecto de la anticipación de prueba (artículo 259 y 345 del proyecto), en este caso se realiza una actuación antes del juicio penal oral, actuación rodeada de múltiples requisitos que hacen que se cumpla el principio de contradictoriedad. Esta prueba la presencia el Juez de Garantía y de ella se dejará constancia para que sea introducida y apreciada en el juicio oral; la razón para su realización en forma anticipada será la imposibilidad de su producción ante el tribunal fallador por determinadas circunstancias que miran a problemas en la fuente de prueba. En el sistema inquisitivo no tendríamos problema alguno para su producción, pues se prestarían ante el llamado a fallar, pues él actúa en todas las instancias del proceso y además porque se busca el establecimiento de la verdad material en el sistema acusatorio, sin embargo, se nos presentan dudas, ya que una característica central de este es que en el juicio oral presenten y debatan todas las pruebas.

Respecto de la inspección personal (artículo 232 del Proyecto de Código Procesal Penal), se establece en el Proyecto que tratándose de un tribunal colegiado, como será el Tribunal Penal Oral, se designará a uno de sus miembros para que asista a su producción; qué ocurre con la inmediación, ya que será solo un juez de los tres quien tomará contacto directo con la prueba; qué ocurre con la exigencia de solo los jueces que participaron de todo el juicio y presenciaron todas las pruebas sean los únicos llamados a fallar (artículos 200 y 378 del Proyecto de Código Procesal Penal). Al parecer la forma de producir esta prueba no se condice con un sistema acusatorio, y la economía no parece ser una razón suficiente para transgredir un principio básico como es la inmediación y fallo de acuerdo a todas la prueba presenciada.

e. Otro aspecto interesante respecto a la prueba es la llamada prueba ilícita, es decir, aquella que no ha sido obtenida con respeto de las garantías fundamentales. En el Proyecto de Código Procesal Penal se establece que esta prueba no podrá ser aportada ni presentada en el juicio penal oral (artículos 122 y 216); sin embargo, en nuestro sistema procesal penal este tema ha sido escasamente tratado y en el Proyecto de Código Procesal Penal se establecen normas generales relativas a "Métodos Prohibidos". Es necesario que la jurisprudencia determine la forma en que en definitiva operará, si se considera ilícita la prueba directamente obtenida por esta vía o si además lo es la que deriva de ella, por ejemplo, si a través de un interrogatorio se conoce el lugar en que está el arma que se utilizó en la perpetración del delito y el interrogatorio es ilegal, ¿se admite el arma o solo se excluye el interrogatorio? La teoría de la prueba ilícita es plenamente concordante con un sistema acusatorio, pues a diferencia del sistema inquisitivo este no busca el establecimiento de la verdad por cualquier medio.

f. Respecto del término del proceso por desistimiento del acusador, o confesión del acusado:

En cuanto al desistimiento, por las distintas normas del Proyecto de Código Procesal Penal relativas a la dinámica y forma que tendrá el juicio oral, este debe terminar con la decisión judicial. El Ministerio Público al cierre de la investigación podrá solicitar el sobreseimiento,de no hacerlo y acusar, debe sostener su acusación ante el Tribunal Penal Oral, solo podría quizás solicitar la absolución,en todo caso en el Proyecto de Código Procesal Penal no se regula el punto en específico. En el sistema acusatorio puro, las partes pueden poner término al proceso retirando la acusación; sin embargo, en el sistema acusatorio mixto, la mayoría de la doctrina plantea la imposibilidad del término del proceso por esta vía, ya que realizada la acusación el juez pasa a dominar el proceso, siendo su limitante el contenido de la acusación, los hechos y sujetos en ella señalados. En el proyecto el Tribunal Penal Oral está obligado a la acusación en cuanto a los hechos en ella descritos, en la acusación particular y la contestación de la acusación, pero respecto de la calificación jurídica de ellos la situación varía, ya que ella no obliga al tribunal, 'pudiendo cambiarla durante el desarrollo del juicio, siempre que se lo advierta previamente a las partes.

Respecto de la confesión del acusado: en el sistema acusatorio puro, es una causal de término del proceso. En el sistema inquisitivo es la reina de las pruebas y se puede obtener por cualquier vía. En el Proyecto se reglamentan claramente las formalidades que deben rodear la declaración del imputado, momento en el cual podrá generarse la confesión (artículos 116 a 127 del Proyecto), y se prohíben ciertos métodos, que en un sistema inquisitivo serían válidos. Se establece además el derecho del imputado de guardar silencio tanto en la etapa de instrucción, intermedia y en el juicio penal oral, sin que ello genere ningún efecto (artículos 107 letra h), 119, 374 inciso 2 Proyecto de Código Procesal Penal). La confesión debe ser considerada solo la expresión del derecho de una de las partes involucradas en el litigio de expresar su versión de los hechos; si consideramos la confesión un medio probatorio estamos imponiendo una característica propia del sistema inquisitivo y, siendo congruentes, deberíamos considerar que lo expresado por el acusador debería tener un valor semejante; no me parece que en el nuevo sistema a imponer se le dé valor a la confesión sino como planteamiento de una postura en el caso. Sin embargo, al parecer se busca darle valor como medio prueba, aunque el Senado cambió el artículo 199 inciso 2 del Proyecto de Código Procesal Penal, para que ello no sea tan tajante, pues de acuerdo al Senado podrá constituirse en medio de prueba, y no, como decía en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados "constituirá medio de prueba...".

g. Respecto de la inapelabilidad de la sentencia definitiva, en el Proyecto original de Código Procesal Penal se buscaba que ello fuera así (artículo 398); sin embargo, la Cámara de Diputados introdujo el recurso extraordinario, el que vislumbra como la vía de apelación. El recurso extraordinario procederá contra las sentencias condenatorias, dictadas en juicio oral, que se aparten, manifiesta y arbitrariamente, de la prueba rendida. No se ve claramente la finalidad tras la introducción de este recurso, toda vez que si el recurso de casación procede contra las sentencias dictadas con infracción de ley o norma constitucional, de dictarse una sentencia que se aparte "manifiesta y arbitrariamente" de la prueba rendida en el proceso, constituiría ello una infracción a las normas del debido proceso, por lo tanto procedería casación. El gran problema surge ya que si bien el recurso de casación es un recurso de derecho, el Extraordinario, en los términos que se encuentra establecido, permitiría el estudio de los hechos, hechos que fueron conocidos por un tribunal colegiado con respeto de los principios de inmediación, contradictoriedad, oralidad y publicidad, y que se revisarán por la vía de las actas, desnaturalizando el sistema procesal que se busca implantar, sus principios y características básicas (artículos 409 a 414 del Proyecto de Código Procesal Penal). La reglamentación de un recurso como el extraordinario no es más un resabio del sistema inquisitivo en la apelación, es un recurso permitido, aceptado y muy utilizado.

h. En el Proyecto de Código Procesal Penal se reglamenta el procedimiento abreviado (artículos 466 a 475). Se busca la aplicación de este procedimiento en aquellos casos en que no exista mayor controversia entre las partes involucradas en el proceso respecto de los hechos que son materia de la investigación y para mayor rapidez es visto y fallado por el Juez de Garantía. El incentivo para el imputado, es que el fiscal propone una pena que no puede ser superior a cinco años, y esta proposición es vinculante al juez, en tanto él no puede imponer una mayor. El Incentivo para el fiscal es que el imputado acepta los hechos y las diligencias de la investigación policial que él dirigió. Nos encontramos ante un procedimiento cuya base es el acuerdo de las partes con autorización judicial y en que la prueba será la aportada por el fiscal, y por la forma que se regula, al parecer debe dar una relación de ella, no aportarla efectivamente, pues se estaría ante un "minijuicio penal oral", la defensa actúa en base a prueba de la contraparte y no está facultada para presentar la propia, a qué razón, sino a una de carácter económico, responde la implementación de este procedimiento en que no se respetan principios básicos del sistema acusatorio, en que la defensa no puede aportar prueba y falla quien tuvo conocimiento del caso en la instrucción y podría estar "contaminado".

En vista de todo lo anterior, podemos afirmar que el sistema procesal penal que se busca implementar en nuestro ordenamiento jurídico contiene las características propias del sistema acusatorio formal o mixto, aunque quizás con demasiados rasgos inquisitivos, rasgos que podrían ser cambiados si las modificaciones al Proyecto apuntan a dar mayor énfasis en los principios del sistema acusatorio, pero el que, en todo caso, impliquen un entorpecimiento al sistema dependerá directamente de la forma en que los actores del nuevo proceso penal se desenvuelvan y enfoquen las instituciones.